La instrucción judicial que investiga las hipotéticas responsabilidades penales por autorizar la marcha feminista del 8-M vuelve a poner de manifiesto los problemas de basar la instrucción en informes policiales, en ocasiones además de muy dudoso rigor. El problema no es nuevo: el Reality News de Mongolia lo abordó ya en 2016 a raíz de un importante texto publicado en la revista de Jueces y Juezas para la Democracia por Ramón Saéz Valcárcel, magistrado de la Audiencia Nacional.
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