En esos lugares del mundo en los que no se debate sobre si hay libertad de expresión, sino sobre si determinadas expresiones se pueden acoger a ella o no, se acostumbra a usar como vara de medir el diferenciar las opiniones de las imputaciones de un delito o las incitaciones a cometerlo. La libertad de expresión ampara el derecho a que se emitan opiniones que no gusten a todo el mundo, sobre todo a las clases dirigentes y a la mayoría social, aunque sean de mal gusto o directamente deleznables. La libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír, decía Orwell. Lo otro –imputar/incitar– es una infracción punible legalmente. 

Vox ha construido su discurso sobre las ciénagas no desecadas del franquismo, embadurnando de lodo para disfrazar todos aquellos conceptos que le puedan servir de camuflaje. La libertad de expresión ampara su derecho a propagarlos, aún cuando sus efectos, como podemos ver día a día, emponzoñan la convivencia. La libertad de expresión les permite también expresar su rechazo a los contenidos de cualquier medio, empezando por El Jueves –de no ser así, es de suponer que en la revista satírica se sentirían bastante defraudados–. Pero el tuit de su cuenta oficial identificando al presidente de la empresa editora, su nombre, su fotografía y su lugar habitual de trabajo, a la vez que llama a sus simpatizantes a “exigirle responsabilidades a la salida de su despacho”, es una clara incitación, cuando menos, al acoso, y una clara amenaza a la revista y a su personal. Una clara reedición, en estos amantes de las tradiciones hispanas, de aquella “partida de la porra” que a mediados del siglo XIX arrasaba a bastonazos las redacciones de las publicaciones, fuesen carlistas, republicanas o anarquistas, que disentían de los “verdaderos intereses de España”. Un señalamiento que recuerda mucho también a los de la Alemania nazi o la Italia fascista, y que debería ser respondido de oficio por la Fiscalía con una denuncia por incitación al odio y a la violencia, y por el resto de partidos políticos con el inmediato aislamiento institucional de la formación de extrema derecha.

Posiblemente la ultraderecha se ha venido arriba y ha desafiado los principios más elementales de esa Constitución que han camuflado con lodo porque desde hace tiempo –curiosamente, el mismo de su irrupción en el escenario político– algunas leyes y sentencias han ido en su misma dirección. Desde la ley mordaza –cuya derogación seguimos exigiendo al Gobierno debido a sus consecuencias sobre el trabajo periodístico y para el conjunto de la sociedad– hasta decisiones judiciales que plantean la duda sobre si la derecha extrema ha maniobrado para consolidar sus postulados en los puestos claves de la judicatura, o si esas decisiones reflejan el pensamiento de la mayoría de esta. 

Cada opción es más temible que la otra, y la consecuencia es que los tribunales están emitiendo día tras día perlas jurídicas que permiten a la ultraderecha sentirse por encima de las normas que nos atañen al resto. Ensalzar un régimen que se instauró y se despidió con sangre no es delito. Hacer chistes sobre el atentado en el que murió uno de los instigadores de aquellas matanzas, sí. 

Difamar a todo un colectivo de menores de edad “con independencia de si esas cifras que se ofrecen son o no veraces, porque esos menores representan un evidente problema social y político” –¿según qué informe?– y porque “deben admitirse otras de signo contrario, pero tan criticables o más que estas”, no es delito. Poner en dos docenas de carteles a un torero vestido de marciano, o difundir información veraz y contrastada “si se hace con una redacción malintencionada”, es punible. La sensación de impunidad es tal que incluso se permiten el lujo de considerar papel mojado las escasas sentencias desfavorables contra sus prácticas, como la de prohibir el acceso a sus actos a los medios que no les son gratos. 

Los medios que suscribimos este escrito no solo expresamos nuestra repulsa ante este nuevo intento de intimidación, sino que exigimos que las autoridades, que con tanta diligencia rastrean tuits irrelevantes con opiniones que consideran desafectas para poner a quienes los firman ante la justicia, cumplan con su deber actuando con toda firmeza contra esta evidente llamada al linchamiento.

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