Manos sucias
La entidad ultra que casi tumba a Pedro Sánchez tiene un acreditado historial de uso espurio de los tribunales, en ocasiones con fi nes meramente recaudatorios, con un ‘modus operandi’ que ahora ha sido normalizado por el Alto Tribunal.
En mayo de 2015, el caudillo de Manos Limpias, Miguel Bernad, escribió en su ordenador una denuncia dirigida al juzgado decano de Madrid y una solicitud de comparecencia en la Fiscalía General del Estado para pedir que se investigase “a presuntos autores materiales en el homicidio del que fue presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, y a otras personas como presuntos colaboradores necesarios, cómplices y encubridores de dicho homicidio”.
En aquel momento, los canales subterráneos de lodo del Madrid más hiperexcitado –los mismos por los que recientemente han circulado abundantes materiales contra la reina Leticia y la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez– hervían de rumores y de supuestas noticias que aseguraban que el poderoso banquero Emilio Botín, fallecido poco antes, había sido en realidad asesinado en una complot urdido por su propio entorno para facilitar el acceso al poder de su hija, la actual presidenta del banco, Patricia Botín, acérrima enemiga de la supuesta amante de su padre. A partir de estos elementos conspiranoicos, Bernad, exdirigente de Fuerza Nueva y caballero de honor de la Fundación Franciso Franco, construyó su demanda. Pero en lugar de entregarla al juzgado como tantas otras veces, se dirigió al jefe de Comunicación del Banco Santander para solicitarle una reunión con Patricia Botín con el fin de “tratar sobre la existencia de unas posibles acciones injuriosas respecto a la muerte de su padre”.
Conociendo la vinculación de Manos Limpias con Ausbanc, asociación de consumidores de banca dirigido por Luis Pineda, excamarada también de Fuerza Nueva, el directivo del banco, alarmado, se dirigió a este para transmitirle “su preocupación por lo rocambolesco del correo recibido en el banco, buscando además que no se airease, por poder incidir en la reputación de la entidad financiera”. Y así fue como los dos viejos camaradas, Miguel Bernad y Luis Pineda, se personaron juntos en la Fiscalía General del Estado “aportando el escrito donde se recogían las manifestaciones sobre la forma de morir” de Emilio Botín, expresando a renglón seguido lo siguiente: “Que esta insensatez queda cerrada para este Sindicato y esperando que la Administración de Justicia no gaste fondos públicos en este asunto”. ¿Fin de tan rocambolesca historia? No exactamente: quedaba pasar la factura al Banco Santander por no llevar a los tribunales los rumores maliciosos, que ellos mismos contribuían a expandir con la acción ante la Fiscalía, y exigir una investigación judicial ante el supuesto “homicidio” del principal banquero del país. Muy poco después, Pineda remitió al director de Comunicación del banco documentación sobre un acto que Ausbanc estaba organizando en Londres y una propuesta de patrocinio de 180.000 libras, así como una petición de publicidad en las revistas de Ausbanc de la “Cuenta 123” de la entidad financiera por valor de 200.000 euros.
El añorado grupo musical Los Manolos podría haber aportado a los camaradas y a sus financiadores la canción Amigos para siempre para celebrar tan fructífera amistad de la banda Manos Limpias- Ausbanc con el Santander: en 2016, el año siguiente de la demanda redactada pero finalmente no presentada, el banco inyectó nada menos que un millón de euros al Grupo Ausbanc.
Hechos probados.
Este episodio, que muestra el modus operandi de Manos Limpias, la organización ultraderechista que, con su demanda a partir de “recortes de prensa”, ha estado a punto de tumbar al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, no es ninguna hipótesis periodística exagerada sobre la naturaleza de una entidad que durante años fue el epicentro de acciones de acoso judicial a mansalva, sino que forma parte de los hechos probados de la sentencia de la Audiencia Nacional que en 2021 condenó a Pineda y Bernad a penas de cinco y cuatro años de cárcel, respectivamente, por un delito de “extorsión”.
Y aunque el Tribunal Supremo los absolvió el pasado marzo, dejó prácticamente intactos los hechos probados sobre su modus operandi coordinado y basó la absolución en dos argumentos muy particulares: que no puede considerarse “extorsión” si no va acompañado de violencia y que las víctimas de este tipo de prácticas no tenían por qué pagar las facturas exigidas por la banda de Ausbanc- Manos Limpias en la medida en que eran muy poderosas y nadie les puso literalmente un revólver en la sien.
Los hechos probados de la sentencia de la Audiencia Nacional, que son ya firmes tras su paso por el Supremo, son estremecedores: dibujan un panorama aterrador en el que Manos Limpias ha utilizado durante años a los tribunales, sacando tajada del mecanismo constitucional de la acusación popular y en coordinación con Ausbanc, con el fin explícito de acosar a sus víctimas a través de procedimientos judiciales y empujarlos a pagar dinerales a cambio de dejar el acoso. Ahora que los promotores de estas prácticas han vuelto al estrellato mediático con su denuncia contra Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, pueden sentirse más fuertes que nunca con los argumentos aportados por el Tribunal Supremo para justificar la extraña absolución de su caudillo: mientras no utilicen la violencia, todo parece estarles permitido en su afán acosador (y recaudador).
El brutal episodio con el que apuntaron con éxito al Banco Santander con el supuesto homicidio de Emilio Botín es solo uno entre los muchos casos análogos que describe con detalle la sentencia, tanto la condenatoria de la Audiencia Nacional como la absolutoria del Supremo. Ahí está también descrito el mismo modus operandi de Manos Limpias, bien coordinado siempre con Ausbanc, en el caso Nóos, que puso contra las cuerdas a la propia monarquía con la imputación de la entonces infanta Cristina, la primera persona de la Casa Real que ha tenido que comparecer ante un juez como investigada, y el envío a prisión de su entonces marido y duque de Palma, Iñaki Urdangarin.
Un consorcio para ‘monetizar’
Manos Limpias ejercía de acusación particular en el caso Nóos y, según detalla la sentencia, entre octubre de 2015 y marzo de 2016, el consorcio Manos Limpias-Ausbanc mantuvo reuniones con CaixaBank y el Banco Sabadell con vistas a monetizar de forma suculenta su actuación judicial en la causa, aunque en ninguno de los dos casos logró aparentemente su objetivo. A un interlocutor de la Fundación Bancaria La Caixa el propio Bernad le pidió dos millones de euros, a través de un préstamo a una empresa de seguridad de un amigo suyo, a cambio de retirarse de la causa y, con ello, hacerla decaer en la parte más peliaguda, vista la oposición de la Fiscalía a la imputación de la infanta.
Según la sentencia, el jefe de Ausbanc estuvo muy pendiente de estas conversaciones de su camarada Bernad con la Fundació La Caixa, al estar preocupado por la excesiva autonomía que a su juicio tenía la letrada de Manos Limpias en la causa, “por si su actuación en el procedimiento pudiera frustrar la expectativa económica”. Más tarde, en marzo de 2016, fue Pineda quien, siempre según la sentencia, trató de monetizar esta apetitosa causa judicial, que generaba problemas de imagen muy serios a la rama de los Borbones que en su día recuperó la Corona con la aquiescencia de Francisco Franco pese a la oposición de la tradición ultraderechista que acabó germinando en la Fuerza Nueva de Pineda y Bernad.
Así, siempre según los hechos probados de la sentencia, Pineda contactó con sus interlocutores habituales en el Banco Sabadell para que le hicieran llegar al secretario del Consejo de Administración, Miquel Roca, cuyo bufete privado llevaba la defensa de la infanta, el recado de que Manos Limpias se retiraría de la causa a cambio de tres millones de euros. En paralelo, Manos Limpias había aumentado la presión directa sobre el Banco Sabadell con otra denuncia a la Fiscalía Anticorrupción contra directivos de la entidad financiera coincidiendo con la decisión de recortar su publicidad en las publicaciones de Ausbanc.
En 2014, el banco presidido por Josep Oliu había untado con 801.453 euros las publicaciones de la banda, pero en 2015 redujo la asignación a 299.000 euros, cantidad que pasó a 250.000 euros en 2016. Fue al constatarse esta caída en la transferencia de fondos que Manos Limpias acudió a Anticorrupción, mientras que, según explicaron los directivos del Sabadell, Luis Pineda se ofrecía al mismo tiempo “para promover el archivo de tal denuncia de forma desinteresada”.
Fango en circulación
Más que una “máquina de fango”, el modus operandi de Manos Limpias en los tribunales en asociación con Ausbanc parecía más bien una “máquina recaudadora” para monetizar el fango que ellos mismos ponían en circulación. Como subrayan los hechos probados de la sentencia de la Audiencia Nacional no alterados por el Supremo, Ausbanc nutría de fondos a Manos Limpias “para que se personase en procesos penales en la exclusiva idea de solicitar a investigados sumas dinerarias para acrecentar las arcas propias y del grupo Ausbanc, a cambio de instar a la desimputación de los mismos, o apartarse del procedimiento, siendo dicho proceder compartido por ambos [Miguel Bernad y Luis Pineda], así como puesto en marcha por uno y otro”.
Así ocurrió también con Unicaja en el caso ERE: Manos Limpias ejercía de acusación popular y la banda negociaba con los directivos del banco si pedía su imputación o no, en función de cuánto dinero les pagaban: finalmente “se empeñarían en la desimputación” tras garantizarse el cobro de 600.000 euros antes de la declaración ante el juez de uno de los imputados y otros 400.000 con posterioridad: en total, un millón de euros en convenios o patrocinios a entidades del grupo Ausbanc, que efectivamente se ingresaron.
Esta era la forma habitual de actuar, como pone de manifiesto la sentencia, aunque no siempre lograban cobrar. Por ejemplo, con Volkswagen-Audi también lo intentaron y no lo consiguieron a pesar de que a finales de 2015 Manos Limpias interpuso una querella, que en realidad dirigió en la sombra desde el principio por el equipo jurídico de Ausbanc, que no podía personarse al tratarse de una corporación ajena al sector bancario. El motivo fue un anuncio emitido por Telemadrid que según la querella no respetaba la ley que regulaba las emisiones publicitarias en el canal público.
Para presionar a la multinacional automovilística, en paralelo a la demanda llegaron “a difundir una noticia no fidedigna, con la finalidad de que [la empresa] se aviniera a los pagos que se le iban a requerir”, que acabaron siendo 300.000 euros. Con un pretexto: la financiación de un estudio “acerca de cómo debía ser la publicidad de automóviles en los medios”. Es decir: cómo hacerlo si no quieres que me querelle.
Caja llena para ir contra disidentes
La lista de acosados por la banda Manos Limpias-Ausbanc acreditados en la sentencia es larguísima. Luego, con las arcas llenas como consecuencia de este modus operandi –el Supremo lo llama “una especie de peaje” que pagaban los querellados para evitar que les colocaran “en el punto de mira”–, Manos Limpias disponía un buen colchón, más allá de los eventuales donativos, interponer querellas y demandas a mansalva contra progresistas y disidentes, una mecánica que en ocasiones beneficiaba políticamente el Partido Popular o que era funcional a las cloacas policiales o incluso a los elementos que trazan las líneas maestras de la “razón de Estado”.
Entre la banda y estos elementos de lo que se conoce como “Estado profundo” parecía existir una especie de pacto de caballeros: se toleraban estos métodos tan poco ortodoxos de recaudar –“el peaje”, Supremo dixit, que tanto recuerda al “impuesto revolucionario–, que eran conocidos por todo el establishment económico y financiero en la medida en que tenían que ir firmando los cheques, en la medida en que la banda se ponía también a menudo en la vanguardia del combate contra los considerados enemigos de la “razón de Estado” a través de la presentación de querellas “con recortes de prensa” y del ejercicio de la “acusación popular”.
Esta dinámica duró hasta que la banda, acostumbrada a la impunidad que parecía dar la sucesión de grandes y exitosos golpes siempre tolerados, cruzó una auténtica línea roja al aplicar el mismo modus operandi, de reminiscencias bandoleras, incluso ante la Casa Real. Ahí, ante las quejas conjuntas del bufete jurídico de la infanta Cristina y del BBVA, que se hartó de pagar el “peaje”, la ahora famosa UDEF se puso manos a la obra: en abril de 2016, los dos viejos camaradas de Fuerza Nueva, Luis Pineda y Miguel Bernad, fueron detenidos y la Audiencia Nacional les acabó condenando a penas de cinco y cuatro años por extorsión, respectivamente.
Un escarmiento del que, a bien seguro, todos habrán aprendido la lección y aprehendido los límites. Tras la penitencia, llega la absolución: con la sorprendente sentencia del Supremo del pasado marzo, que absolvió a la banda de los delitos de extorsión, las manos sucias ya vuelven a estar “limpias”, dispuestas a la acción y con ansias de mostrar a las corrientes subterráneas que definen las líneas maestras de la razón de Estado lo útil que puede llegar a ser poder contar con ellas..
Antes incluso de su rehabilitación oficial, sentencia del Supremo mediante, Manos Limpias tuvo ya su primer conato de resurrección con la querella que presentó contra la revista satírica Mongolia por “ofensas a los sentimientos religiosos”, ya archivada. Pero la absolución del Supremo devuelve públicamente a la vida a esta oscura entidad. Y por la puerta grande: apenas un mes después, llevando a los tribunales apenas “unos recortes de prensa”, casi logra tumbar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la bestia negra de todos los ardientes defensores de la razón de Estado. Los creyentes tienen una nueva prueba de la existencia de la Divinidad: ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Mano Limpias ha resucitado! ¡Alabado sea el Tribunal Supremo!
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En aquel momento, los canales subterráneos de lodo del Madrid más hiperexcitado –los mismos por los que recientemente han circulado abundantes materiales contra la reina Leticia y la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez– hervían de rumores y de supuestas noticias que aseguraban que el poderoso banquero Emilio Botín, fallecido poco antes, había sido en realidad asesinado en una complot urdido por su propio entorno para facilitar el acceso al poder de su hija, la actual presidenta del banco, Patricia Botín, acérrima enemiga de la supuesta amante de su padre. A partir de estos elementos conspiranoicos, Bernad, exdirigente de Fuerza Nueva y caballero de honor de la Fundación Franciso Franco, construyó su demanda. Pero en lugar de entregarla al juzgado como tantas otras veces, se dirigió al jefe de Comunicación del Banco Santander para solicitarle una reunión con Patricia Botín con el fin de “tratar sobre la existencia de unas posibles acciones injuriosas respecto a la muerte de su padre”.
Conociendo la vinculación de Manos Limpias con Ausbanc, asociación de consumidores de banca dirigido por Luis Pineda, excamarada también de Fuerza Nueva, el directivo del banco, alarmado, se dirigió a este para transmitirle “su preocupación por lo rocambolesco del correo recibido en el banco, buscando además que no se airease, por poder incidir en la reputación de la entidad financiera”. Y así fue como los dos viejos camaradas, Miguel Bernad y Luis Pineda, se personaron juntos en la Fiscalía General del Estado “aportando el escrito donde se recogían las manifestaciones sobre la forma de morir” de Emilio Botín, expresando a renglón seguido lo siguiente: “Que esta insensatez queda cerrada para este Sindicato y esperando que la Administración de Justicia no gaste fondos públicos en este asunto”. ¿Fin de tan rocambolesca historia? No exactamente: quedaba pasar la factura al Banco Santander por no llevar a los tribunales los rumores maliciosos, que ellos mismos contribuían a expandir con la acción ante la Fiscalía, y exigir una investigación judicial ante el supuesto “homicidio” del principal banquero del país. Muy poco después, Pineda remitió al director de Comunicación del banco documentación sobre un acto que Ausbanc estaba organizando en Londres y una propuesta de patrocinio de 180.000 libras, así como una petición de publicidad en las revistas de Ausbanc de la “Cuenta 123” de la entidad financiera por valor de 200.000 euros.
El añorado grupo musical Los Manolos podría haber aportado a los camaradas y a sus financiadores la canción Amigos para siempre para celebrar tan fructífera amistad de la banda Manos Limpias- Ausbanc con el Santander: en 2016, el año siguiente de la demanda redactada pero finalmente no presentada, el banco inyectó nada menos que un millón de euros al Grupo Ausbanc.
Hechos probados.
Este episodio, que muestra el modus operandi de Manos Limpias, la organización ultraderechista que, con su demanda a partir de “recortes de prensa”, ha estado a punto de tumbar al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, no es ninguna hipótesis periodística exagerada sobre la naturaleza de una entidad que durante años fue el epicentro de acciones de acoso judicial a mansalva, sino que forma parte de los hechos probados de la sentencia de la Audiencia Nacional que en 2021 condenó a Pineda y Bernad a penas de cinco y cuatro años de cárcel, respectivamente, por un delito de “extorsión”.
Y aunque el Tribunal Supremo los absolvió el pasado marzo, dejó prácticamente intactos los hechos probados sobre su modus operandi coordinado y basó la absolución en dos argumentos muy particulares: que no puede considerarse “extorsión” si no va acompañado de violencia y que las víctimas de este tipo de prácticas no tenían por qué pagar las facturas exigidas por la banda de Ausbanc- Manos Limpias en la medida en que eran muy poderosas y nadie les puso literalmente un revólver en la sien.
Los hechos probados de la sentencia de la Audiencia Nacional, que son ya firmes tras su paso por el Supremo, son estremecedores: dibujan un panorama aterrador en el que Manos Limpias ha utilizado durante años a los tribunales, sacando tajada del mecanismo constitucional de la acusación popular y en coordinación con Ausbanc, con el fin explícito de acosar a sus víctimas a través de procedimientos judiciales y empujarlos a pagar dinerales a cambio de dejar el acoso. Ahora que los promotores de estas prácticas han vuelto al estrellato mediático con su denuncia contra Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, pueden sentirse más fuertes que nunca con los argumentos aportados por el Tribunal Supremo para justificar la extraña absolución de su caudillo: mientras no utilicen la violencia, todo parece estarles permitido en su afán acosador (y recaudador).
El brutal episodio con el que apuntaron con éxito al Banco Santander con el supuesto homicidio de Emilio Botín es solo uno entre los muchos casos análogos que describe con detalle la sentencia, tanto la condenatoria de la Audiencia Nacional como la absolutoria del Supremo. Ahí está también descrito el mismo modus operandi de Manos Limpias, bien coordinado siempre con Ausbanc, en el caso Nóos, que puso contra las cuerdas a la propia monarquía con la imputación de la entonces infanta Cristina, la primera persona de la Casa Real que ha tenido que comparecer ante un juez como investigada, y el envío a prisión de su entonces marido y duque de Palma, Iñaki Urdangarin.
Un consorcio para ‘monetizar’
Manos Limpias ejercía de acusación particular en el caso Nóos y, según detalla la sentencia, entre octubre de 2015 y marzo de 2016, el consorcio Manos Limpias-Ausbanc mantuvo reuniones con CaixaBank y el Banco Sabadell con vistas a monetizar de forma suculenta su actuación judicial en la causa, aunque en ninguno de los dos casos logró aparentemente su objetivo. A un interlocutor de la Fundación Bancaria La Caixa el propio Bernad le pidió dos millones de euros, a través de un préstamo a una empresa de seguridad de un amigo suyo, a cambio de retirarse de la causa y, con ello, hacerla decaer en la parte más peliaguda, vista la oposición de la Fiscalía a la imputación de la infanta.
Según la sentencia, el jefe de Ausbanc estuvo muy pendiente de estas conversaciones de su camarada Bernad con la Fundació La Caixa, al estar preocupado por la excesiva autonomía que a su juicio tenía la letrada de Manos Limpias en la causa, “por si su actuación en el procedimiento pudiera frustrar la expectativa económica”. Más tarde, en marzo de 2016, fue Pineda quien, siempre según la sentencia, trató de monetizar esta apetitosa causa judicial, que generaba problemas de imagen muy serios a la rama de los Borbones que en su día recuperó la Corona con la aquiescencia de Francisco Franco pese a la oposición de la tradición ultraderechista que acabó germinando en la Fuerza Nueva de Pineda y Bernad.
Así, siempre según los hechos probados de la sentencia, Pineda contactó con sus interlocutores habituales en el Banco Sabadell para que le hicieran llegar al secretario del Consejo de Administración, Miquel Roca, cuyo bufete privado llevaba la defensa de la infanta, el recado de que Manos Limpias se retiraría de la causa a cambio de tres millones de euros. En paralelo, Manos Limpias había aumentado la presión directa sobre el Banco Sabadell con otra denuncia a la Fiscalía Anticorrupción contra directivos de la entidad financiera coincidiendo con la decisión de recortar su publicidad en las publicaciones de Ausbanc.
En 2014, el banco presidido por Josep Oliu había untado con 801.453 euros las publicaciones de la banda, pero en 2015 redujo la asignación a 299.000 euros, cantidad que pasó a 250.000 euros en 2016. Fue al constatarse esta caída en la transferencia de fondos que Manos Limpias acudió a Anticorrupción, mientras que, según explicaron los directivos del Sabadell, Luis Pineda se ofrecía al mismo tiempo “para promover el archivo de tal denuncia de forma desinteresada”.
Fango en circulación
Más que una “máquina de fango”, el modus operandi de Manos Limpias en los tribunales en asociación con Ausbanc parecía más bien una “máquina recaudadora” para monetizar el fango que ellos mismos ponían en circulación. Como subrayan los hechos probados de la sentencia de la Audiencia Nacional no alterados por el Supremo, Ausbanc nutría de fondos a Manos Limpias “para que se personase en procesos penales en la exclusiva idea de solicitar a investigados sumas dinerarias para acrecentar las arcas propias y del grupo Ausbanc, a cambio de instar a la desimputación de los mismos, o apartarse del procedimiento, siendo dicho proceder compartido por ambos [Miguel Bernad y Luis Pineda], así como puesto en marcha por uno y otro”.
Así ocurrió también con Unicaja en el caso ERE: Manos Limpias ejercía de acusación popular y la banda negociaba con los directivos del banco si pedía su imputación o no, en función de cuánto dinero les pagaban: finalmente “se empeñarían en la desimputación” tras garantizarse el cobro de 600.000 euros antes de la declaración ante el juez de uno de los imputados y otros 400.000 con posterioridad: en total, un millón de euros en convenios o patrocinios a entidades del grupo Ausbanc, que efectivamente se ingresaron.
Esta era la forma habitual de actuar, como pone de manifiesto la sentencia, aunque no siempre lograban cobrar. Por ejemplo, con Volkswagen-Audi también lo intentaron y no lo consiguieron a pesar de que a finales de 2015 Manos Limpias interpuso una querella, que en realidad dirigió en la sombra desde el principio por el equipo jurídico de Ausbanc, que no podía personarse al tratarse de una corporación ajena al sector bancario. El motivo fue un anuncio emitido por Telemadrid que según la querella no respetaba la ley que regulaba las emisiones publicitarias en el canal público.
Para presionar a la multinacional automovilística, en paralelo a la demanda llegaron “a difundir una noticia no fidedigna, con la finalidad de que [la empresa] se aviniera a los pagos que se le iban a requerir”, que acabaron siendo 300.000 euros. Con un pretexto: la financiación de un estudio “acerca de cómo debía ser la publicidad de automóviles en los medios”. Es decir: cómo hacerlo si no quieres que me querelle.
Caja llena para ir contra disidentes
La lista de acosados por la banda Manos Limpias-Ausbanc acreditados en la sentencia es larguísima. Luego, con las arcas llenas como consecuencia de este modus operandi –el Supremo lo llama “una especie de peaje” que pagaban los querellados para evitar que les colocaran “en el punto de mira”–, Manos Limpias disponía un buen colchón, más allá de los eventuales donativos, interponer querellas y demandas a mansalva contra progresistas y disidentes, una mecánica que en ocasiones beneficiaba políticamente el Partido Popular o que era funcional a las cloacas policiales o incluso a los elementos que trazan las líneas maestras de la “razón de Estado”.
Entre la banda y estos elementos de lo que se conoce como “Estado profundo” parecía existir una especie de pacto de caballeros: se toleraban estos métodos tan poco ortodoxos de recaudar –“el peaje”, Supremo dixit, que tanto recuerda al “impuesto revolucionario–, que eran conocidos por todo el establishment económico y financiero en la medida en que tenían que ir firmando los cheques, en la medida en que la banda se ponía también a menudo en la vanguardia del combate contra los considerados enemigos de la “razón de Estado” a través de la presentación de querellas “con recortes de prensa” y del ejercicio de la “acusación popular”.
Esta dinámica duró hasta que la banda, acostumbrada a la impunidad que parecía dar la sucesión de grandes y exitosos golpes siempre tolerados, cruzó una auténtica línea roja al aplicar el mismo modus operandi, de reminiscencias bandoleras, incluso ante la Casa Real. Ahí, ante las quejas conjuntas del bufete jurídico de la infanta Cristina y del BBVA, que se hartó de pagar el “peaje”, la ahora famosa UDEF se puso manos a la obra: en abril de 2016, los dos viejos camaradas de Fuerza Nueva, Luis Pineda y Miguel Bernad, fueron detenidos y la Audiencia Nacional les acabó condenando a penas de cinco y cuatro años por extorsión, respectivamente.
Un escarmiento del que, a bien seguro, todos habrán aprendido la lección y aprehendido los límites. Tras la penitencia, llega la absolución: con la sorprendente sentencia del Supremo del pasado marzo, que absolvió a la banda de los delitos de extorsión, las manos sucias ya vuelven a estar “limpias”, dispuestas a la acción y con ansias de mostrar a las corrientes subterráneas que definen las líneas maestras de la razón de Estado lo útil que puede llegar a ser poder contar con ellas..
Antes incluso de su rehabilitación oficial, sentencia del Supremo mediante, Manos Limpias tuvo ya su primer conato de resurrección con la querella que presentó contra la revista satírica Mongolia por “ofensas a los sentimientos religiosos”, ya archivada. Pero la absolución del Supremo devuelve públicamente a la vida a esta oscura entidad. Y por la puerta grande: apenas un mes después, llevando a los tribunales apenas “unos recortes de prensa”, casi logra tumbar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la bestia negra de todos los ardientes defensores de la razón de Estado. Los creyentes tienen una nueva prueba de la existencia de la Divinidad: ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Mano Limpias ha resucitado! ¡Alabado sea el Tribunal Supremo!
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