Por Fernando Muñoz (Coordinador de Libertad de impresión)

La descabellada demanda de Ortega Cano por utilizar su imagen (ya de por sí pública) en un fotomontaje satírico es una prueba más del cuestionable estado en el que se encuentra la libertad de expresión en España. Parece mentira que, a estas alturas del siglo XXI, un país democrático como el nuestro permita a través de su Código Penal la judicialización y, en consecuencia, la condena de la sátira. Pero es una realidad, como lo demuestran los numerosos casos sucedidos en los últimos años.

La del matador no ha sido la primera demanda a la que se ha enfrentado Mongolia, ni es esta la única publicación que ha visto caer sobre ella el peso de la ley. Solo tenemos que recordar la famosa portada de El Jueves en la que los entonces Príncipes de Asturias consumaban el matrimonio y que costó a sus autores (Guillermo Torres y Manel Fontdevila) sendas multas de 3.000 euros. Y, por desgracia, la lista de ataques contra la libertad de expresión es mucho más extensa y no se ciñe exclusivamente a las revistas de humor. Ahí tenemos a la compañía teatral Títeres desde abajo, que, por la representación de una obra en los carnavales de Madrid, vio cómo sus integrantes Raúl García y Alfonso Lázaro pasaban cinco días en el calabozo por supuesto enaltecimiento del terrorismo. Pero en España no es necesario que alguien se dedique profesionalmente al humor para que le persiga la Audiencia Nacional. Cassandra Vera fue condenada a un año de cárcel por tuitear chistes sobre Carrero Blanco, 44 años después de la muerte de quien fuera presidente del Gobierno en la dictadura genocida franquista.

Es por casos como estos que Mongolia quiere poner el objetivo sobre la falta de libertad que se vive en nuestro país con respecto a la sátira y al humor y la amenaza constante que, como vemos, no se cierne en exclusiva sobre los cómicos sino que nos hace a todos susceptibles de acabar en prisión. Para preparar el round definitivo contra la condena por el fotomontaje sobre Ortega Cano —que ha supuesto ya una sangría de más de 70.000 euros de gastos en las precarias arcas de la publicación— en las instancias jurídicas internacionales y sentar un precedente que blinde el derecho global a la libertad de expresión, Mongolia ha lanzado una campaña de micromecenazgo a través de la plataforma verkami.com, en la que se incluye como recompensa la edición del libro Libertad de impresión, que recopilará y analizará los casos más relevantes en los que el humor, la opinión y la protesta se han dado de bruces con la justicia española. Porque en este país no se puede organizar una marcha feminista paseando una vulva de plástico sin que un bufete cristiano interponga una querella por ofensa a los sentimientos religiosos.



Ni se librará de la cárcel el rapero que cante contra la figura del rey. Sin olvidar a esos sindicatos policiales que denunciarán al humorista que se suene la nariz en un trapo rojigualdo. Y no debemos dejar de tener en cuenta que no es necesario reivindicar un derecho o expresar una opinión contra las altas instituciones para acabar en mitad de un proceso. Señalar el morbo con el que los medios trataron el caso de La manada o dibujar a un hombre disfrazado de papa para promocionar las fiestas de A Coruña también sale caro. Con la difusión de este libro a través de la prensa internacional se pretende hacer saber al mundo la situación de vulnerabilidad en la que nos encontramos en este país y los injustos procesos a los que se han visto sometidos, en su mayoría, los mismos de siempre: los que quieren ver la religión fuera de las instituciones públicas, quienes creen que la Jefatura del Estado no debe depender de la eyaculación de un monarca, los que recurren al humor para manifestar sus reivindicaciones… Queremos poner fin a esta represión facilona, a contener la voz por miedo a un juicio que, en el peor de los casos, te llevará a la cárcel y, en el mejor, te tendrá cinco años litigando en medio de un limbo, a la espera de saber si acabarás a un lado u otro de las rejas.

Porque un país que se llama a sí mismo democrático no puede permitir que sus humoristas encuentren en su trabajo un campo de minas que los catapultará a la Audiencia Nacional, tanto por las leyes que lo constituyen como por las organizaciones que promueven la represión. Porque un país que presume de una Transición modélica en la que todos los españoles caminaron de la mano jamás debe consentir que un artista sea condenado por la letra de una canción. Porque es inadmisible que un país que ha sufrido 40 años de dictadura fascista abandone a esos ciudadanos que han decidido contar un chiste. Por todo esto queremos editar Libertad de impresión: para recordarnos a nosotros mismos y hacer ver al resto de países que los derechos fundamentales en España, en lo que a expresión se refiere, han sufrido un lamentable retroceso en los últimos años, resultante de gobiernos represores, leyes caducas y un sistema judicial más preocupado por callar bocas que por permitir hablar.



Mongolia está convencida de que este último round será clave para proteger el derecho a la sátira y queremos dar las gracias a todos los mecenas que nos dan su apoyo en esta causa, ayudando a crear un punto de inflexión en la lucha por las libertades. ¡Vamooooooooo!

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