La jueza que repudia a los periodistas
María Ángeles Velázquez, magistrada de Madrid, asume todos los postulados del exjuez corrupto Salvador Alba y me manda a juicio con una petición de 23 años de cárcel y 422.500 euros de multa Por Carlos Sosa, director de ‘Canarias Ahora’.
20.03.2024
Compartir
Si no prosperan nuestros recursos ante la Audiencia Provincial de Madrid, es muy probable que en cuestión de meses me tenga que sentar ante un juzgado de lo Penal de la capital para responder a una petición de 23 años de cárcel que han formulado contra mí el exjuez corrupto Salvador Alba y su esposa, la letrada de la Administración de Justicia (secretaria judicial) Teresa Lorenzo Establier.
La jueza María Ángeles Velázquez, titular del Juzgado de Instrucción 27 de Madrid, ha asumido prácticamente en su totalidad la querella que ambos interpusieron contra mí por revelación de secretos, acoso y delito de odio en relación a las informaciones que se publicaron en mi periódico durante los ocho años durante los que se extendieron las andanzas delictivas y las trapisondas jurídicas de toda índole protagonizadas por Alba, actualmente en la prisión de Estremera, donde cumple una condena de seis años y medio por conspirar contra la magistrada Victoria Rosell, exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género.
Alba interpuso su querella en Madrid sabedor de que en Canarias no habría sido admitida ni siquiera a trámite. Y ha tenido la fortuna de que en la Plaza de Castilla le tocó en suerte a una jueza que no ama a los periodistas y que cree que informando sobre los delitos y las andanzas del exjuez corrupto pude haber cometido varios delitos de odio, de acoso y de revelación de secretos. La fiscal opina todo lo contrario. Es más: resalta en sus escritos que todas las informaciones son de interés público y veraces, dos requisitos indispensables para poder ejercer sin problemas (teóricamente sin problemas) el derecho a informar libremente.
Hay un dato relevante en todo esto que conviene dejar sentado desde ahora: Victoria Rosell es mi pareja, y ya lo era a finales de 2015, cuando empezó la cacería contra ella por parte de José Manuel Soria, ministro de Industria y Turismo en aquellos momentos en el Gobierno de Mariano Rajoy. Soria (del Partido Popular) se presentaba a las elecciones de diciembre de aquel año y una de sus contrincantes era Victoria Rosell, número uno de Podemos por la misma circunscripción, la de Las Palmas.
Dos piezas
Soria creyó encontrar la posibilidad de cobrarse dos piezas con una sola operación: cargarse a una contrincante política y a su pareja, el periodista que había denunciado todos sus casos de corrupción, media docena, más o menos, incluida su estancia en versión gratuita en un hotel de Punta Cana propiedad de un empresario canario con establecimiento ilegal siendo ya ministro de Industria y Turismo. Para ello Soria contó desde el principio con el juez Salvador Alba, ansioso por agradar al ministro por las promesas que este le había hecho de respaldarlo, primero para presidir el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y luego para ser vocal del Consejo General del Poder Judicial.
Soria dirigió siempre la operación; de hecho, y aunque no nos permitieron llamarlo como testigo al juicio, en la sentencia por la que se condena a Salvador Alba se le menciona en nueve ocasiones. No habría existido este caso de evidente lawfare sin el concurso de José Manuel Soria. Lo que me lleva ahora al banquillo son ocho años de información periodística veraz y de interés público, como recalca la representante del Ministerio Fiscal en sus escritos pidiendo el sobreseimiento de la causa.
Ocho años en los que hemos contado desde mi periódico, Canarias Ahora, cómo fueron las dos operaciones que pusieron en marcha los protagonistas de esta historia y que acabaron con Salvador Alba condenado a seis años y medio de prisión. Sí, hubo dos operaciones. Y en las dos aparecen como personajes imprescindibles José Manuel Soria y Salvador Alba. En la primera, con la colaboración del fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García- Panasco, que se prestó a investigar un contrato que le hizo llegar Salvador Alba, quien a su vez lo había recibido del ministro Soria.
El contrato era de mi empresa con la Unión Deportiva Las Palmas, y el resultado no solo fue su archivo sin ningún tipo de reproche disciplinario ni penal para Victoria Rosell y para mí, que es lo que buscaban, sino con un revolcón al fiscal por su investigación ilegal.
La gran conspiración
Luego vino la segunda operación, la de la gran conspiración, y en esta Alba tampoco actuó solo. Para poder llegar todo lo lejos que llegó necesitaba un ministro con mucho poder que le prometiera un gran futuro; un presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que lo colocara al frente del juzgado donde había que levantar las alfombras; un presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas que mirara para otro lado después de presenciar la reunión con el empresario al que se le aleccionó para manipular una causa judicial; una fiscal de Delitos Económicos que colaborara con el montaje mediante un interrogatorio a la medida de la operación; un presidente de la Sala Segunda del Supremo que admitiera a trámite una querella con informes obtenidos ilegalmente para que la diputada tuviera que dejar su escaño, y un periódico de tirada nacional, El Mundo, que recibiera de manos del corrupto los informes necesarios para publicar media docena de portadas señalando a “la jueza de Podemos”.
Alba y su esposa, la secretaria judicial Teresa Lorenzo Establier, quieren cobrarse ahora su venganza. Y lo hacen en el periodista que dirige el periódico que los desnudó ante la sociedad. En Canarias Ahora estamos tranquilos porque sabemos que hemos actuado correctamente. Lo que nos preocupa es esa tendencia involucionista que se extiende por muchas instituciones españolas, incluida la Administración de Justicia, en aplicación de la orden del caudillo Aznar: “Quien pueda actuar, que actúe”. Nosotros nos defenderemos hasta el final.
¡APOYA A MONGOLIA!
Suscríbete a Mongolia y ayuda a consolidar este proyecto de periodismo irreverente e insumiso, a partir de solo 45 euros al año, o dona para la causa la cantidad que quieras. ¡Cualquier aportación es bienvenida!
La jueza María Ángeles Velázquez, titular del Juzgado de Instrucción 27 de Madrid, ha asumido prácticamente en su totalidad la querella que ambos interpusieron contra mí por revelación de secretos, acoso y delito de odio en relación a las informaciones que se publicaron en mi periódico durante los ocho años durante los que se extendieron las andanzas delictivas y las trapisondas jurídicas de toda índole protagonizadas por Alba, actualmente en la prisión de Estremera, donde cumple una condena de seis años y medio por conspirar contra la magistrada Victoria Rosell, exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género.
Alba interpuso su querella en Madrid sabedor de que en Canarias no habría sido admitida ni siquiera a trámite. Y ha tenido la fortuna de que en la Plaza de Castilla le tocó en suerte a una jueza que no ama a los periodistas y que cree que informando sobre los delitos y las andanzas del exjuez corrupto pude haber cometido varios delitos de odio, de acoso y de revelación de secretos. La fiscal opina todo lo contrario. Es más: resalta en sus escritos que todas las informaciones son de interés público y veraces, dos requisitos indispensables para poder ejercer sin problemas (teóricamente sin problemas) el derecho a informar libremente.
Hay un dato relevante en todo esto que conviene dejar sentado desde ahora: Victoria Rosell es mi pareja, y ya lo era a finales de 2015, cuando empezó la cacería contra ella por parte de José Manuel Soria, ministro de Industria y Turismo en aquellos momentos en el Gobierno de Mariano Rajoy. Soria (del Partido Popular) se presentaba a las elecciones de diciembre de aquel año y una de sus contrincantes era Victoria Rosell, número uno de Podemos por la misma circunscripción, la de Las Palmas.
Dos piezas
Soria creyó encontrar la posibilidad de cobrarse dos piezas con una sola operación: cargarse a una contrincante política y a su pareja, el periodista que había denunciado todos sus casos de corrupción, media docena, más o menos, incluida su estancia en versión gratuita en un hotel de Punta Cana propiedad de un empresario canario con establecimiento ilegal siendo ya ministro de Industria y Turismo. Para ello Soria contó desde el principio con el juez Salvador Alba, ansioso por agradar al ministro por las promesas que este le había hecho de respaldarlo, primero para presidir el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y luego para ser vocal del Consejo General del Poder Judicial.
Soria dirigió siempre la operación; de hecho, y aunque no nos permitieron llamarlo como testigo al juicio, en la sentencia por la que se condena a Salvador Alba se le menciona en nueve ocasiones. No habría existido este caso de evidente lawfare sin el concurso de José Manuel Soria. Lo que me lleva ahora al banquillo son ocho años de información periodística veraz y de interés público, como recalca la representante del Ministerio Fiscal en sus escritos pidiendo el sobreseimiento de la causa.
Ocho años en los que hemos contado desde mi periódico, Canarias Ahora, cómo fueron las dos operaciones que pusieron en marcha los protagonistas de esta historia y que acabaron con Salvador Alba condenado a seis años y medio de prisión. Sí, hubo dos operaciones. Y en las dos aparecen como personajes imprescindibles José Manuel Soria y Salvador Alba. En la primera, con la colaboración del fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García- Panasco, que se prestó a investigar un contrato que le hizo llegar Salvador Alba, quien a su vez lo había recibido del ministro Soria.
El contrato era de mi empresa con la Unión Deportiva Las Palmas, y el resultado no solo fue su archivo sin ningún tipo de reproche disciplinario ni penal para Victoria Rosell y para mí, que es lo que buscaban, sino con un revolcón al fiscal por su investigación ilegal.
La gran conspiración
Luego vino la segunda operación, la de la gran conspiración, y en esta Alba tampoco actuó solo. Para poder llegar todo lo lejos que llegó necesitaba un ministro con mucho poder que le prometiera un gran futuro; un presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que lo colocara al frente del juzgado donde había que levantar las alfombras; un presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas que mirara para otro lado después de presenciar la reunión con el empresario al que se le aleccionó para manipular una causa judicial; una fiscal de Delitos Económicos que colaborara con el montaje mediante un interrogatorio a la medida de la operación; un presidente de la Sala Segunda del Supremo que admitiera a trámite una querella con informes obtenidos ilegalmente para que la diputada tuviera que dejar su escaño, y un periódico de tirada nacional, El Mundo, que recibiera de manos del corrupto los informes necesarios para publicar media docena de portadas señalando a “la jueza de Podemos”.
Alba y su esposa, la secretaria judicial Teresa Lorenzo Establier, quieren cobrarse ahora su venganza. Y lo hacen en el periodista que dirige el periódico que los desnudó ante la sociedad. En Canarias Ahora estamos tranquilos porque sabemos que hemos actuado correctamente. Lo que nos preocupa es esa tendencia involucionista que se extiende por muchas instituciones españolas, incluida la Administración de Justicia, en aplicación de la orden del caudillo Aznar: “Quien pueda actuar, que actúe”. Nosotros nos defenderemos hasta el final.
¡APOYA A MONGOLIA!
Suscríbete a Mongolia y ayuda a consolidar este proyecto de periodismo irreverente e insumiso, a partir de solo 45 euros al año, o dona para la causa la cantidad que quieras. ¡Cualquier aportación es bienvenida!
