Iberdrola contra 'El Confidencial': lo que está en juego.
Las grandes empresas y magnates doblan su apuesta para acallar en los tribunales a medios y periodistas que no controlan.
22.03.2022
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Iberdrola vs ‘El Confidencial’:
Lo que está en juego La extrema precariedad de los medios de comunicación en España ha vuelto a quedar de manifiesto con la raquítica reacción que en general han dado ante el brutal ataque de Iberdrola a la independencia de El Confidencial, objeto de una querella por parte de la multinacional en la que esta exige nada menos que 17 millones de euros —es decir: en la práctica, el cierre del diario digital— por… ¡informar! Con un par. La línea argumental de la multinacional es incompatible con un marco liberal de democracia que proteja la libertad de prensa: puesto que publicas información que me afecta en la causa Villarejo —¡incluso siendo correcta!—, me perjudicas; ergo dañas mi honor y debes pagar tal millonada que no podrás afrontarla (y hasta si eres absuelto te lo pensarás mejor la próxima vez). El ataque de Iberdrola ha cruzado todas las líneas rojas, cual Ejército ruso en Ucrania, y en caso de prosperar supondría realmente un nuevo orden en que el margen para la libertad de información sería ya muchísimo más estrecho. Y pese a ello, casi todos los medios se han puesto de perfil o a silbar. Y es que… ¿quién se puede permitir el lujo, con los tiempos que corren, de perder la gracia del generoso filántropo Ignacio Sánchez Galán?
Eléctrica y también respirador asistido
En los últimos años, Iberdrola y un puñado de corporaciones del Ibex se han convertido en el principal bote salvavidas de un sector arruinado a través de los famosos “acuerdos” que firman con los medios, como ha explicado David Jiménez en El Director (Libros del K.O.). Estos acuerdos son secretos, pero sus efectos quedan públicamente expuestos con estos silencios tan clamorosos en la increíble querella de Iberdrola contra El Confidencial que, de prosperar, cambiaría las reglas para todos. La base de los “acuerdos” que firman las multinacionales filantrópicas con los medios suele ir en la siguiente dirección: generosa inyección de publicidad (o patrocinio o como quieran llamarle: ¿qué más da?) junto al compromiso de que el medio agraciado va a proteger los intereses de la multinacional filantrópica. Y ciertamente, Iberdrola había sacado ya la tarjeta amarilla a El Confidencial cuando hace unos meses decidió anular de golpe toda la publicidad. Este periódico es de los pocos medios españoles con suficientes fondos propios como para aguantar sin agachar la cabeza, pero para la gran mayoría perder uno de estos “acuerdos” equivale a quedarse sin respirador asistido. ¿Y qué enfermo necesitado de ayuda para respirar se arriesgaría a perderlo?
Plus Ultra, también a la moda
Que la querella de Iberdrola contra El Confidencial supone un brutal cambio de escala que exigiría una respuesta conjunta de todos los medios para preservar algo de los actuales márgenes de libertad de expresión ha podido comprobarse en seguida: la aerolínea Plus Ultra ha seguido la misma estela con otra querella en la que reclama 4,5 millones de euros a Voz Populi siguiendo el esquema de “daños reputacionales”. Es decir: no por equivocarse en una información determinada, sino por un conjunto de informaciones publicadas sobre el polémico rescate por parte de la SEPI que no es del agrado de los dueños de la aerolínea, receptora de 53 millones de euros de dinero público para evitar la quiebra. Es muy probable que estos procedimientos acaben judicialmente en nada, pero la presión que supone para las empresas periodísticas la simple petición de indemnizaciones que amenazan la viabilidad misma del medio supone adentrarse en un terreno extremadamente peligroso sin que se vislumbre una respuesta a la altura del desafío.
Cebrián, el gran precursor
La gran paradoja es que esta línea jurídica que busca poner en jaque al periodismo con demandas genéricas basadas en el “daño reputacional” y no a partir de informaciones erróneas, condenando a los medios a vivir en el miedo permanente ante la llegada de algún matón, la inauguró tristemente un periodista. Y no cualquiera: uno de los más célebres de este país, Juan Luis Cebrián, cofundador y primer director de El País, el diario español de referencia nacido en la Transición como gran adalid de la libertad de expresión. Fue Cebrián quien en 2016, cuando aún era el jefe de Prisa, puso en marcha una demanda contra El Confidencial por las informaciones sobre los papeles de Panamá que le relacionaban con la petrolera del empresario hispano-iraní Massoud Zandi. Prisa exigía nada menos que 8,2 millones de indemnización por el daño reputacional y hasta “competencia desleal”. Aquella demanda que aspiraba en la práctica a cerrar El Confidencial quedó en nada, pero Cebrián fue de nuevo un gran precursor.
El editor que no amaba a los periodistas
Si es raro que un periodista como Cebrián inaugure una vía que supondría la mayor amenaza a la libertad de prensa desde el inicio de la democracia, también lo es que un editor de diario como Jaume Roures lidere muy probablemente el ranking de querellas contra periodistas por supuestas injurias y/o calumnias con un furor digno los pretéritos inquisidores o censores de Su Majestad. En muy poco tiempo ha encadenado querellas contra los periodistas Jaume Reixach, Josep Maria Cortés, David Alandete, Manuel Cerdán y Pere Rusiñol, entre otros. En el caso de este último, socio de Mongolia y responsable del Reality News, su sección de información, el magnate acaba de presentar recurso a la Audiencia Provincial tras haber decretado la jueza de primera instancia el archivo provisional ya en dos ocasiones. En el periodismo independiente no hace falta exigir una millonada para quedar contra las cuerdas. Está al alcance de cualquier buen patrón
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Lo que está en juego La extrema precariedad de los medios de comunicación en España ha vuelto a quedar de manifiesto con la raquítica reacción que en general han dado ante el brutal ataque de Iberdrola a la independencia de El Confidencial, objeto de una querella por parte de la multinacional en la que esta exige nada menos que 17 millones de euros —es decir: en la práctica, el cierre del diario digital— por… ¡informar! Con un par. La línea argumental de la multinacional es incompatible con un marco liberal de democracia que proteja la libertad de prensa: puesto que publicas información que me afecta en la causa Villarejo —¡incluso siendo correcta!—, me perjudicas; ergo dañas mi honor y debes pagar tal millonada que no podrás afrontarla (y hasta si eres absuelto te lo pensarás mejor la próxima vez). El ataque de Iberdrola ha cruzado todas las líneas rojas, cual Ejército ruso en Ucrania, y en caso de prosperar supondría realmente un nuevo orden en que el margen para la libertad de información sería ya muchísimo más estrecho. Y pese a ello, casi todos los medios se han puesto de perfil o a silbar. Y es que… ¿quién se puede permitir el lujo, con los tiempos que corren, de perder la gracia del generoso filántropo Ignacio Sánchez Galán?
Eléctrica y también respirador asistido
En los últimos años, Iberdrola y un puñado de corporaciones del Ibex se han convertido en el principal bote salvavidas de un sector arruinado a través de los famosos “acuerdos” que firman con los medios, como ha explicado David Jiménez en El Director (Libros del K.O.). Estos acuerdos son secretos, pero sus efectos quedan públicamente expuestos con estos silencios tan clamorosos en la increíble querella de Iberdrola contra El Confidencial que, de prosperar, cambiaría las reglas para todos. La base de los “acuerdos” que firman las multinacionales filantrópicas con los medios suele ir en la siguiente dirección: generosa inyección de publicidad (o patrocinio o como quieran llamarle: ¿qué más da?) junto al compromiso de que el medio agraciado va a proteger los intereses de la multinacional filantrópica. Y ciertamente, Iberdrola había sacado ya la tarjeta amarilla a El Confidencial cuando hace unos meses decidió anular de golpe toda la publicidad. Este periódico es de los pocos medios españoles con suficientes fondos propios como para aguantar sin agachar la cabeza, pero para la gran mayoría perder uno de estos “acuerdos” equivale a quedarse sin respirador asistido. ¿Y qué enfermo necesitado de ayuda para respirar se arriesgaría a perderlo?
Plus Ultra, también a la moda
Que la querella de Iberdrola contra El Confidencial supone un brutal cambio de escala que exigiría una respuesta conjunta de todos los medios para preservar algo de los actuales márgenes de libertad de expresión ha podido comprobarse en seguida: la aerolínea Plus Ultra ha seguido la misma estela con otra querella en la que reclama 4,5 millones de euros a Voz Populi siguiendo el esquema de “daños reputacionales”. Es decir: no por equivocarse en una información determinada, sino por un conjunto de informaciones publicadas sobre el polémico rescate por parte de la SEPI que no es del agrado de los dueños de la aerolínea, receptora de 53 millones de euros de dinero público para evitar la quiebra. Es muy probable que estos procedimientos acaben judicialmente en nada, pero la presión que supone para las empresas periodísticas la simple petición de indemnizaciones que amenazan la viabilidad misma del medio supone adentrarse en un terreno extremadamente peligroso sin que se vislumbre una respuesta a la altura del desafío.
Cebrián, el gran precursor
La gran paradoja es que esta línea jurídica que busca poner en jaque al periodismo con demandas genéricas basadas en el “daño reputacional” y no a partir de informaciones erróneas, condenando a los medios a vivir en el miedo permanente ante la llegada de algún matón, la inauguró tristemente un periodista. Y no cualquiera: uno de los más célebres de este país, Juan Luis Cebrián, cofundador y primer director de El País, el diario español de referencia nacido en la Transición como gran adalid de la libertad de expresión. Fue Cebrián quien en 2016, cuando aún era el jefe de Prisa, puso en marcha una demanda contra El Confidencial por las informaciones sobre los papeles de Panamá que le relacionaban con la petrolera del empresario hispano-iraní Massoud Zandi. Prisa exigía nada menos que 8,2 millones de indemnización por el daño reputacional y hasta “competencia desleal”. Aquella demanda que aspiraba en la práctica a cerrar El Confidencial quedó en nada, pero Cebrián fue de nuevo un gran precursor.
El editor que no amaba a los periodistas
Si es raro que un periodista como Cebrián inaugure una vía que supondría la mayor amenaza a la libertad de prensa desde el inicio de la democracia, también lo es que un editor de diario como Jaume Roures lidere muy probablemente el ranking de querellas contra periodistas por supuestas injurias y/o calumnias con un furor digno los pretéritos inquisidores o censores de Su Majestad. En muy poco tiempo ha encadenado querellas contra los periodistas Jaume Reixach, Josep Maria Cortés, David Alandete, Manuel Cerdán y Pere Rusiñol, entre otros. En el caso de este último, socio de Mongolia y responsable del Reality News, su sección de información, el magnate acaba de presentar recurso a la Audiencia Provincial tras haber decretado la jueza de primera instancia el archivo provisional ya en dos ocasiones. En el periodismo independiente no hace falta exigir una millonada para quedar contra las cuerdas. Está al alcance de cualquier buen patrón
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