Dos asociaciones ultracatólicas, Abogados Cristianos y el Instituto de Política Social, han anunciado sendas querellas contra la revista satírica y de periodismo independiente Mongolia por supuestas ofensas a la religión a raíz de la portada del número de diciembre, en la que se representa un Belén. Ambas asociaciones han interpretado que en la portada se identifica al “niño Jesús” como un excremento al utilizarse el emoticón de un helado de chocolate como alegoría del que según el cristianismo es el hijo de Dios todopoderoso, supuesto creador de todo y, en consecuencia, también responsable último de las penalidades que afectan al planeta, desde la pandemia hasta la emergencia climática, pasando por la guerra de Ucrania y la hiperinflación. 

El número de diciembre de la revista ha provocado la ira de centenares de activistas ultracatólicos, que han proferido insultos y amenazas a Mongolia y a sus miembros, alentados por las asociaciones que han anunciado las querellas y también por plataformas de agitación, como Hazte Oír, y el diputado de Vox y vicepresidente de Acción política de la formación ultraderechista, Jorge Buxadé, quien consideró que la portada “hiere gravísimamente los sentimientos religiosos de la mayoría de españoles” y les instó a actuar. Por ahora ninguna querella ha sido notificada formalmente a Editorial Mong, SL, la empresa editora de la revista.

Boye y “blanqueo de capitales”
 

En una nota pública, Abogados Cristianos anunció la presentación de una doble querella contra Mongolia por un supuesto delito contra los sentimientos religiosos y por supuesto blanqueo de capitales, vinculando la publicación al abogado Gonzalo Boye, que recientemente ha sido procesado bajo esta última acusación por su presunta participación en las estructuras del narcotraficante Sito Miñanco, del que fue letrado.  “Es evidente que esta revista se podría haber utilizado, presuntamente, para cometer un delito de blanqueo para el que está acusado uno de sus fundadores. En el último año [2020], la editorial ha recibido más de 61.000 euros de subvenciones públicas”, aseguró la presidenta de la entidad, Polonia Castellanos, quien añadió: “Utilizan el ataque a los cristianos para desviar la atención de sus cuentas y de un presunto delito de blanqueo de capitales, que además ahora estaría subvencionado por el Gobierno de Pedro Sánchez”.

Ninguno de los datos difundidos por la asociación ultracatólica coincide, ni siquiera remotamente, con la información que Editorial Mong, SL, editora de Mongolia, tiene depositada en el Registro Mercantil y que es fácilmente verificable. Gonzalo Boye se sumó al proyecto de Mongolia justo antes de su llegada a los quioscos, en marzo de 2012, y únicamente como accionista minoritario: sus participaciones no llegaron a  alcanzar nunca el 5% del capital de la empresa editora. En julio de 2017, Boye dejó de representar a Mongolia y se desprendió de todas las participaciones que tenía. Desde entonces, nunca más ha vuelto a tener ninguna relación con Editorial Mong, SL ni con la revista. En contra de lo que asegura la nota de Abogados Cristianos, la empresa editora de Mongolia no recibió 61.000 euros de subvenciones públicas en 2020. La cantidad real obtenida por esta vía el año en que la pandemia paralizó la economía del país fue de apenas 2.250 euros, equivalente únicamente al 0,9% de los ingresos del ejercicio. Además, dicha subvención no la aportó “el Gobierno de Pedro Sánchez”, sino que forma parte de un programa de fomento del empleo de la Comunidad Autónoma de Madrid bajo la presidencia de la líder regional del Partido Popular (PP), Isabel Díaz Ayuso.

Objetivo: el cierre de la revista
 

La segunda querella anunciada contra Mongolia es la impulsada por el Instituto de Política Social, aunque la empresa editora de la revista satírica tampoco tiene notificación formal de ella. La entidad ultra explicó que ha tomado la decisión al constatar que la revista no solo no ha retirado la portada del número de diciembre, sino que “se ha burlado” en redes de su campaña #SalvemosLaNavidad. En este caso, la supuesta querella se presentaría “por atentar contra los sentimientos religiosos y por incitación al odio” y sus promotores dicen que la dirigirán “contra la revista y su director”, una figura que jamás ha existido en los casi 11 años de existencia de la publicación.
 

Sin embargo, el objetivo último de la querella va más allá de este número concreto y aspira, según sus promotores, a conseguir “el cierre inmediato de la publicación por vía judicial”. “Hemos venido con un látigo de justicia para hacer que se respeten nuestros valores”, declaró el presidente de dicho “instituto”, Pablo Hertfelder Garcia, exmilitante de Vox de 24 años y entusiasta defensor del legado del dictador Francisco Franco.

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