Condena en el Supremo a Mongolia: la libertad de expresión peligra en España
La ratificación por parte del Tribunal Supremo de la condena a Mongolia por vulneración del derecho al honor del extorero José Ortega Cano no solo pone en peligro la existencia misma de la revista satírica, sino que arroja enormes interrogantes sobre la posibilidad de hacer una revista satírica en España y, en consecuencia, sobre el estado real de la libertad de expresión y de la misma salud democrática del país. Colabora en nuestro crowdfunding en verkami.
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Mongolia es un proyecto satírico que, como la totalidad de las empresas, cobra por su oferta cultural, que adopta formas diversas: edita una revista, estrena obras de teatro, produce espacios televisivos, publica libros, etc. Si a partir de ahora, a tenor de la sentencia del Tribunal Supremo, los medios satíricos tenemos que pedir permiso a las personas objeto de la sátira resulta evidente que cualquier proyecto satírico pasaría a ser absolutamente inviable en nuestro país, teniendo en cuenta que Ortega Cano es un personaje público con presencia constante en la prensa del corazón y con comportamientos que han generado con frecuencia un debate social legítimo (la tauromaquia, la necesidad de no mezclar el alcohol y la conducción de vehículos, el cumplimiento de las penas y la petición de perdón, etc.).
La sátira no es sólo un componente esencial de la libertad de expresión, sino también de la base misma de la democracia desde los tiempos de la Antigua Grecia hasta el punto de que es un muy buen indicador sobre la salud de la democracia: los países occidentales con mayor tradición satírica -y mayor protección legal para hacerla posible- son también los de mayor tradición democrática: Francia, Reino Unido, EEUU…
Mongolia nació en 2012 con el objetivo explícito de ayudar a ensanchar el espacio de la libertad de expresión en España para homologarla a las democracias más avanzadas. Lamentablemente, la evolución ha sido la contraria, como atestigua la aprobación de la Ley Mordaza. Mongolia ha vivido este retroceso en sus propias carnes: el espectáculo satírico que representó en Cartagena motivó la celebración de una gran misa de desagravio oficiada por el obispo, a la que asistieron las fuerzas vivas de la ciudad y dirigentes de la mayoría de partidos políticos, una concentración ultraderechista frente al teatro, que intimidó e insultó a los que se atrevieron a acudir a la obra, y, finalmente, la demanda de Ortega Cano contra Mongolia y la sucesión de sentencias judiciales que le dieron la razón, en 2017, 2019, y 2020. La ratificación de la condena por parte del Tribunal Supremo la convierte en firme, lo que exigirá un desembolso de más de 60.000 euros entre indemnización, intereses y costas del abogado del matador.
Imponer una penalización económica tan desproporcionada por una simple viñeta satírica es un mecanismo habitual en las democracias poco consolidadas para sacar de circulación a elementos incómodos sin tener que recurrir formalmente a la censura explícita. Pero obviamente la asfixia económica es también una forma de censura y un aviso a navegantes: si no te portas bien, tendrás que cerrar porque no podrás pagar las multas.
En sus ocho años de existencia, Mongolia no ha recibido jamás ni un solo euro de subvención pública y sus cuentas dependen básicamente de su propia comunidad de lectores y suscriptores, que pagan a cambio de la oferta cultural satírica de la empresa. Un modelo de negocio que ahora la sentencia del Tribunal Supremo pone en cuestión y en la práctica lo convierte en inviable.
Pese a ello, Mongolia no se rinde y volverá a buscar el apoyo de la comunidad de lectores y de los ciudadanos de este país preocupados por los retrocesos de los últimos años en derechos fundamentales que se daban por seguros. El objetivo es doble: afrontar los costes impuestos por la sentencia, que al tratarse del Tribunal Supremo ya se ejecuta sin dilación, y al mismo tiempo recurrir a otros órganos judiciales -de entrada, el Tribunal Constitucional, con la vista puesta ya en Europa- para instar a una revisión de un asunto crucial para la salud democrática de un país: no podemos permitir un marco legal tan estrecho, en el que, en la práctica, el género periodístico de la sátira dependa del imposible consentimiento de la persona satirizada.
Es por ello que Mongolia lanzará una campaña de micromecenazgo en Verkami.com para financiar los costes impuestos por la sentencia del Tribunal Supremo y al mismo tiempo proseguir el procedimiento en el Tribunal Constitucional. Pronto podrá accederse a la campaña, que recogerá aportaciones a partir de 10 euros. Si quieres apoyarnos puedes suscribirte, hacer una aportación o comprar en nuestra tienda.
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INFORMACIÓN Y PRENSA: revistamongolia@revistamongolia.com
Mongolia es un proyecto satírico que, como la totalidad de las empresas, cobra por su oferta cultural, que adopta formas diversas: edita una revista, estrena obras de teatro, produce espacios televisivos, publica libros, etc. Si a partir de ahora, a tenor de la sentencia del Tribunal Supremo, los medios satíricos tenemos que pedir permiso a las personas objeto de la sátira resulta evidente que cualquier proyecto satírico pasaría a ser absolutamente inviable en nuestro país, teniendo en cuenta que Ortega Cano es un personaje público con presencia constante en la prensa del corazón y con comportamientos que han generado con frecuencia un debate social legítimo (la tauromaquia, la necesidad de no mezclar el alcohol y la conducción de vehículos, el cumplimiento de las penas y la petición de perdón, etc.).
La sátira no es sólo un componente esencial de la libertad de expresión, sino también de la base misma de la democracia desde los tiempos de la Antigua Grecia hasta el punto de que es un muy buen indicador sobre la salud de la democracia: los países occidentales con mayor tradición satírica -y mayor protección legal para hacerla posible- son también los de mayor tradición democrática: Francia, Reino Unido, EEUU…
Mongolia nació en 2012 con el objetivo explícito de ayudar a ensanchar el espacio de la libertad de expresión en España para homologarla a las democracias más avanzadas. Lamentablemente, la evolución ha sido la contraria, como atestigua la aprobación de la Ley Mordaza. Mongolia ha vivido este retroceso en sus propias carnes: el espectáculo satírico que representó en Cartagena motivó la celebración de una gran misa de desagravio oficiada por el obispo, a la que asistieron las fuerzas vivas de la ciudad y dirigentes de la mayoría de partidos políticos, una concentración ultraderechista frente al teatro, que intimidó e insultó a los que se atrevieron a acudir a la obra, y, finalmente, la demanda de Ortega Cano contra Mongolia y la sucesión de sentencias judiciales que le dieron la razón, en 2017, 2019, y 2020. La ratificación de la condena por parte del Tribunal Supremo la convierte en firme, lo que exigirá un desembolso de más de 60.000 euros entre indemnización, intereses y costas del abogado del matador.
Imponer una penalización económica tan desproporcionada por una simple viñeta satírica es un mecanismo habitual en las democracias poco consolidadas para sacar de circulación a elementos incómodos sin tener que recurrir formalmente a la censura explícita. Pero obviamente la asfixia económica es también una forma de censura y un aviso a navegantes: si no te portas bien, tendrás que cerrar porque no podrás pagar las multas.
En sus ocho años de existencia, Mongolia no ha recibido jamás ni un solo euro de subvención pública y sus cuentas dependen básicamente de su propia comunidad de lectores y suscriptores, que pagan a cambio de la oferta cultural satírica de la empresa. Un modelo de negocio que ahora la sentencia del Tribunal Supremo pone en cuestión y en la práctica lo convierte en inviable.
Pese a ello, Mongolia no se rinde y volverá a buscar el apoyo de la comunidad de lectores y de los ciudadanos de este país preocupados por los retrocesos de los últimos años en derechos fundamentales que se daban por seguros. El objetivo es doble: afrontar los costes impuestos por la sentencia, que al tratarse del Tribunal Supremo ya se ejecuta sin dilación, y al mismo tiempo recurrir a otros órganos judiciales -de entrada, el Tribunal Constitucional, con la vista puesta ya en Europa- para instar a una revisión de un asunto crucial para la salud democrática de un país: no podemos permitir un marco legal tan estrecho, en el que, en la práctica, el género periodístico de la sátira dependa del imposible consentimiento de la persona satirizada.
Es por ello que Mongolia lanzará una campaña de micromecenazgo en Verkami.com para financiar los costes impuestos por la sentencia del Tribunal Supremo y al mismo tiempo proseguir el procedimiento en el Tribunal Constitucional. Pronto podrá accederse a la campaña, que recogerá aportaciones a partir de 10 euros. Si quieres apoyarnos puedes suscribirte, hacer una aportación o comprar en nuestra tienda.
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