La sección séptima de la Audiencia Provincial de Barcelona ha desestimado el recurso presentado por el magnate Jaume Roures para evitar el archivo definitivo de la querella que presentó por injurias y calumnias contra el periodista Pere Rusiñol, responsable del Reality News, la sección de información de la revista satírica Mongolia, y director de la revista Alternativas Económicas. En un auto con fecha del pasado 1 de abril, el tribunal acuerda por unanimidad desestimar el recurso y ratificar íntegramente el auto de la magistrada del juzgado número 24 de Barcelona, que por dos ocasiones había dictado ya el sobreseimiento provisional de la causa. 

La sentencia de la Audiencia Provincial agota ya las posibilidades de presentar recursos ordinarios y únicamente cabría la posibilidad de presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, subrayan fuentes jurídicas. El origen de la querella fue una entrevista que Rusiñol concedió al diario Regió 7, con sede en Manresa, en la que se repasó su trayectoria periodística, que incluye su trabajo como Adjunto a la Dirección del diario Público entre 2008 y 2012, año en que se cerró la edición en papel.

En aquel momento, Roures y sus socios despidieron al 85% de la plantilla aplicándoles la reciente reforma laboral del PP y enviándoles al FOGASA, dejaron de pagar más de 10 millones de euros a los trabajadores, colaboradores, proveedores, Seguridad Social y Hacienda, entre otros, al tiempo que invertían en un restaurante de lujo en Barcelona. Además, el hermano de uno de los socios se quedó la cabecera del diario, que finalmente volvió a quedar bajo control del propio Roures, administrador de la nueva sociedad, sin abonar nunca las deudas contraídas.

En la citada entrevista, en el contexto de tratar el cierre de la edición en papel del diario Público, del que justo ahora se cumplen 10 años, Rusiñol calificó al magnate como “estafador” en el sentido coloquial del término. La sentencia de primera instancia, ahora ratificada por la Audiencia Provincial, consideró que el término se había empleado  “como una palabra común, en el sentido de sentirse engañado” en el contexto de un conflicto laboral. Tras el despido, abundaba el auto de sobreseimiento de la jueza instructora, los trabajadores despedidos pudieron “encontrarse en una situación casi desesperada al quedarse sin empleo, sin sueldo y prácticamente sin indemnización” como consecuencia “del incumplimiento de lo que se les había prometido”. 

Ahora, el auto de la Audiencia Provincial de Barcelona se hace eco de la copiosa jurisprudencia aplicable a la tipificación penal de injurias y calumnias para desestimar el recurso y ratificar el archivo de las diligencias. Pero no se limita ahí, sino que analiza también los argumentos esgrimidos por Rusiñol en la entrevista que el magnate Jaume Roures consideró injurias y calumnias: “a) Hemos podido constatar, y nadie lo ha desvirtuado, que en el informe de la Administración Concursal se relaciona directamente a la entidad concursada con una sociedad holandesa denominada Mediacapital BV; b) que Mediapubli, SL realizó un ERE tampoco parece que sea una cuestión controvertida, y c) que Jaume Roures invirtió dinero en un restaurante de lujo en Barcelona fue un hecho dado a conocer por diversos medios de comunicación mucho antes de que se publicara la entrevista”, recalca el auto.

La Audiencia Provincial también subraya la preeminencia del derecho a la información en la medida en que considera que el procedimiento no versa sobre cuestiones privadas, sino de relevancia pública: “Resulta patente que nos encontramos ante una noticia de interés general, no solo porque Jaume Roures Llope es sin duda un personaje público, sino porque las circunstancias en las que se produjo el ERE y posterior concurso de acreedores de la sociedad que gestionaba el diario Público es sin duda una información relevante para una parte nada desdeñable de la población, especialmente para aquella que se considera de “izquierdas”, concluye el tribunal.

El periodista ha podido salir adelante gracias al apoyo de 250 mecenas, que se sumaron a la campaña de micromecenazgo para abonar los costes derivados de la defensa, que fue asumida de forma solidaria por el letrado penalista Eloi Castellarnau. 

El auto íntegro de la Audiencia Provincial puede leerse aquí.



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